La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía ha propuesto adjudicar al equipo dirigido por Guillermo Vázquez Consuegra la redacción del proyecto para la construcción de un edificio administrativo en la parcela de la antigua Residencia Noreña de Córdoba, que albergará varias delegaciones provinciales de la Junta.
El proyecto prevé la construcción del edificio más alto de Córdoba, una torre de 56 m de altura. El nuevo inmueble tendrá una superficie construida total de 41.116 m2, distribuidos en seis sótanos y 16 plantas de altura. El edificio se levantará en una parcela de 6.325 m2 en la calle Islas Sisargas, incluida en la manzana donde está ubicada la residencia Teniente Coronel Noreña.
El edificio ha sido diseñado como una torre de 56 m de planta cuadrada y se caracterizará por su fachada de celosía metálica de chapa de aluminio plegada, que dispondrá de grandes terrazas ajardinadas a lo largo de toda su altura. Aunque se trata de un equipamiento, la altura máxima permitida para residencial en esta zona es de siete plantas. Ahora se abre el debate sobre la necesidad de modificar el PGOU para levantar el edificio más alto de Córdoba, que compartirá solar con un centro de salud de alta resolución.
Vázquez Consuegra ha explicado que ‘será un edificio para albergar cinco delegaciones de la Junta. Cada una de ellas dispondrá de tres plantas y cada una tendrá su propia identidad’. ‘Destacaría las terrazas ajardinadas y la piel del edificio. Será un edificio de vidrio protegido del sol por un envolvente que le dará un aura metálica que permitirá que la luz vibre de forma distinta. Será una torre dorada’, describió el arquitecto sevillano.
El anuncio del proyecto se produce cuando aún no se han extinguido las últimas voces por la polémica generada con respecto a la altura de la nonata Torre Prasa (ver nº35 de Vía Contrucción). El proyecto de Carlos Ferrater consistía en una torre de 45 metros de altura (13 plantas) y su desarrollo requería una innovación del PGOU, aunque Prasa terminó por retirarlo para evitar la más que previsible dilación del proceso administrativo.
Fuente: Revista Via Construcción, # 37, octubre 2006, p. 8