Carta de Jordi Ludevid al Presidente del Gobierno español

Jordi Ludevid, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, ha enviado una misiva al Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que resume la situación de la profesión de arquitecto, así como las preocupaciones por los futuros retos que se plantean. En la carta se recoge la preocupación por los grandes cambios que está sufriendo o va a sufrir la profesión, entre los que se encuentra la “amplia y sostenida acción normativa” o la pérdida del “equilibrio histórico entre las titulaciones técnicas superiores”. Además, se reclama más “transparencia y apertura” en la adaptación de la Directiva de Servicios (las llamadas Ley Paraguas y Ley Ómnibus) y se recuerda que los colegios de las profesiones técnicas reguladas ofrecen servicios y que, al querer añadir con el nuevo anteproyecto de ley nuevas funciones y obligaciones para los colegios, supondrá unos costes que se deben resolver con una financiación adecuada. Asimismo, se denuncia el “irregular despliege de los concursos públicos” y se pide una dignificación de estos. El documento finaliza con el apoyo a las reivindicaciones que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha transmitido al Gobierno, del que espera una “respuesta positiva y modernizadora.”

Excmo. Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero Presidente del Gobierno de España Complejo de la Moncloa Avda. Puerta de Hierro s/n. 28071 Madrid. Señor presidente: La profesión de arquitecto está pasando en España por un momento de grave dificultad. Efectivamente, la edificación y el ejercicio de la profesión han experimentado en muy poco tiempo una transformación importantísima, superpuesta además a una dramática disminución de la actividad debida a la crisis. Primero fue la amplia y sostenida acción normativa de los poderes públicos que ejemplifica el reciente Código Técnico de la Edificación, que ha supuesto la creación de un nuevo marco legal para la profesión y que ha comportado un enorme esfuerzo de adaptación que creemos haber llevado a cabo. En gran parte, gracias a la inmensa tarea formativa de nuestros colegios. En segundo lugar ha sido la reciente ruptura del equilibrio histórico entre las titulaciones técnicas superiores que, al amparo de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, ha introducido el Gobierno asignando el título de máster a los ingenieros y no a los arquitectos. Una ruptura que ha provocado una considerable tensión entre nosotros no resuelta todavía y que va en menoscabo de nuestra competitividad internacional. En tercer lugar, y sin haber resuelto todavía el tema anterior, hemos visto abrirse un nuevo proceso legislativo, el de la adaptación de nuestro ordenamiento a la Directiva de Servicios, a través de la Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, cuyo desarrollo está siendo causa entre nosotros de muy graves preocupaciones al afectar a nuestras instituciones profesionales y, por tanto, a nuestro modo de ejercer la profesión.  En este último caso, creemos que la elaboración de la Ley Ómnibus no se está llevando a cabo con las mínimas condiciones de transparencia y apertura debidas en la gestación de una norma de tan gran trascendencia para las profesiones técnicas reguladas. Quizá no de otras. Como consecuencia, ha cundido entre nosotros la impresión de que se trata de una norma fraguada, cuando menos, a nuestras espaldas. Asumiendo que una norma con rango legal como ésta debe proyectar sus efectos hacia una generalidad de casos, en cambio no puede aceptarse, por injusto, que pretenda dar igual respuesta a lo que es manifiestamente distinto. Y la de arquitecto es una profesión técnica regulada, con una especial exigencia social y de responsabilidad, en defensa de los consumidores y de la sociedad –no en balde la Unión Europea ha coordinado sus condiciones de formación haciendo excepción entre la mayoría de profesiones- y con vocación de colaboración efectiva con todos los municipios españoles, como se desprende del recientemente firmado convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias. Una profesión cuyo producto es materia de seguridad e interés público y cultural, por cierto también amenazado por el irregular despliegue de los concursos públicos que habría que dignificar urgentemente si no queremos caer en una decadencia “a la italiana”. Un producto también, en cuya calidad deben seguir desempeñando un papel importante las corporaciones de derecho público que son los colegios, en especial y por ejemplo, mediante las nuevas certificaciones técnicas que se apoyan en el visado tradicional. Creemos que resulta evidente que los colegios de las profesiones técnicas reguladas, en especial los de arquitectos, son auténticas empresas de servicios, y tienen  poco que ver con los colegios de otras profesiones. A pesar de las contradicciones y las indeterminaciones que el texto alberga y que suponemos habrá que resolver en sede parlamentaria, el anteproyecto de ley parece abonar e introducir nuevas funciones y competencias de los colegios de arquitectos. Sin embargo, los costes que las nuevas obligaciones representan no pueden recaer, como hasta ahora, sobre los arquitectos colegiados, sino que la ley tiene que establecer las fórmulas para una financiación adecuada. Lo contrario sería injusto, y aún más en las circunstancias actuales, cuando la crisis económica se ceba en un sector de la edificación que se derrumba a ojos vista, en ausencia de medidas de reactivación, con los arquitectos dentro, en su mayoría desprotegidos socialmente por su condición de profesionales liberales. Es cosa cierta, señor presidente, que la construcción no nos hará salir de la crisis, pero también lo es que sin la construcción no saldremos de ella. No sin una construcción diferente, modernizada, fuerte en rehabilitación y orientada a la sostenibilidad, como parte integrante del nuevo modelo económico necesario. Esto no será posible sin un papel destacado de los profesionales del sector, con los  arquitectos a la cabe za. Los arquitectos podemos desempeñar un papel clave en este cambio, que ha de suponer la refundación del sector, sobre la base de una nueva productividad, la innovación, el conocimiento y la creatividad, imposibles sin los valores profesionales que representamos. Sin embargo, para ello sería necesario que su Gobierno tomara en consideración los postulados que en nuestro nombre plantea el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en relación a los procesos de Bolonia (tema Máster) y en relación a la transposición de la Directiva de Servicios y la ley Ómnibus (principalmente colegiación y visado de calidad), y que estos graves interrogantes tuvieran una respuesta positiva y modernizadora, que no desreguladora. El éxito de la transformación del sector de la edificación en España también depende de ello. Muy atentamente, Jordi Ludevid Anglada Decano Col·legi d’Arquitectes de Catalunya Barcelona, 21 de Mayo de 2009

País: España Ciudad: Barcelona Agentes: Jordi Ludevid Agentes: Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña