documento borrador abierto,
por el Grupo de Debate en Defensa de la Arquitectura
publicada originalmente, en internet, en la sección eXtra! de la ZONA iAZ
Últimamente, la arquitectura de nuestro país está viviendo momentos de crisis motivados por diversas causas, entre las que se encuentran:
* Una clara devaluación, respecto a la apreciación de la arquitectura y del papel del arquitecto, por parte del sector privado y de las administraciones públicas.
* El abandono por parte de los mismos profesionales y de sus órganos colegiales, en ocasiones, de sus objetivos sociales y culturales.
* E, impregnándolo todo, la visión economicista ultra-liberal y competitiva que preside irracionalmente toda actividad productiva, y que se aplica también al campo de la creación arquitectónica, dejando fuera cualquier otra consideración.
Todo esto es muy grave porque la arquitectura es algo más que la simple edificación y algo más que un producto de la promoción inmobiliaria. La arquitectura es la respuesta adecuada a unas demandas sociales básicas generadas por todo aquello que configura el hábitat humano. El arquitecto, como especialista en la creación de formas útiles, tiene un papel substancial en la conformación de la ciudad y el territorio. Y, de la buena o mala resolución de su trabajo se deriva una mejora o un detrimento del bienestar colectivo.
Esta crisis, que condiciona completamente las cuestiones de contenido arquitectónico, es debida sobre todo al hecho de que los determinantes políticos y coyunturales están configurando un marco en el que hacer arquitectura, en condiciones profesionales dignas, resulta prácticamente imposible.
Frente a esto, queremos denunciar la inadecuada respuesta política y legislativa ante la complejidad creciente del proceso constructivo, de los cambios en el mercado inmobiliario y del nuevo marco profesional que comporta la integración europea, hacia la que tendríamos que tender, a pesar del retraso considerable en el que nos encontramos respecto a otros países vecinos.
Nos preocupa el distanciamiento creciente de las instituciones para con la arquitectura, avalado por la prevalencia excluyente de los criterios contables sobre los cualitativos, y que se traduce en un soporte a la mediocridad y la huida de cualquier apuesta por la calidad, así como en la cada vez más regresiva regulación de la política urbanística y la tímida y poco imaginativa política de viviendas.
El inadecuado sistema de concursos, pensados con lógica empresarial, a la baja, como si la arquitectura fuese más un problema de aprovisionamiento que de calidad: concursos de ‘curriculum’ injustos porque cierran de entrada el paso a los jóvenes profesionales; concursos por invitación sin ninguna retribución económica; concursos en los que no se garantiza la calidad arquitectónica por la composición de los jurados. Consideramos que la Ley de contratos del Estado no se puede aplicar indiscriminadamente a una labor intelectual como es el trabajo del arquitecto.
Denunciamos el incremento de controles que retardan todas las actuaciones públicas y encarece los resultados, fruto del aumento incontrolado de la maquinaria funcionarial, con la reciente aparición de sociedades intermediarias y con una burocratización desmesurada, que convierte la firma de cualquier contrato, la participación en un contrato o la tramitación documental de cualquier expediente de obra en una larga, reiterativa, incoherente y carísima colección de certificados, avales, seguros y papeles de toda clase.
Lamentamos, en definitiva, que no se haya extendido que la arquitectura es un trabajo intelectual, que va desde las condiciones del encargo hasta la necesaria continuidad y coherencia que ha de existir desde el inicio del proyecto hasta el final de la ejecución de la obra. Cualquier distorsión y rompimiento de este proceso va contra la calidad del resultado final, la obra construida y, por tanto, su aportación a la sociedad.
Por todo esto,
REIVINDICAMOS
* Un reconocimiento de la arquitectura como un hecho cultural y de servicio a la sociedad;
* Una reestructuración racional del sector de la construcción que comporte la redefinición del papel de los diferentes agentes, la coordinación de especialidades, la clarificación de competencias, la delimitación de responsabilidades y la racionalización y simplificación de la normativa;
* Un replanteamiento de la política de concursos;
* Una política del suelo estructurada y antiespeculativa;
* Una política de la vivienda creativa, eficaz y solidaria.
Y en consecuencia,
PEDIMOS
Para hacer efectivas estas reivindicaciones la implicación total de las administraciones públicas y de las organizaciones cívicas, profesionales y empresariales. La urgencia de estos objetivos pide un compromiso político que comporta un cambio de actitud y una reforma consensuada del marco legislativo vigente.
Barcelona, Junio de 1998
Grupo de Debate en Defensa de la Arquitectura
